Lunes 7 de junio de 2010
Editorial Diario Tiempo
“Vivir fuera del presupuesto es vivir en el error”, frase célebre de César Garizurieta, notable político mexicano que se suicidó al regresar de Honduras a su país al término de su carrera diplomática, ha sido y es perfectamente aplicable al entorno político hondureño.
“Vivir fuera del presupuesto es vivir en el error”, frase célebre de César Garizurieta, notable político mexicano que se suicidó al regresar de Honduras a su país al término de su carrera diplomática, ha sido y es perfectamente aplicable al entorno político hondureño.
En Honduras casi nadie renuncia a los puestos públicos, a menos que bajo manga se imponga el ultimátum de la destitución. Sucede lo mismo con los cargos políticos. Los directivos de un partido jamás renuncian cuando la institución que dirigen es derrotada en las elecciones, a diferencia de lo que normalmente ocurre en las sociedades organizadas y serias.
Quizá por eso, fingiendo credulidad y sorpresa, los medios de comunicación social han destacado la reciente declaración pública del presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jorge Rivera Avilés, de que prefiere renunciar “a ceder ante las presiones políticas y económicas, nacionales e internacionales”.Lo ha dicho así el presidente de la CSJ, en pose de patricio, aunque todos sabemos que esta clase de declaraciones son, como se dice, para la exportación, pues su propósito es sorprender a la opinión pública y alimentar la manipulación mediática con falsas imágenes, tan del gusto de la propaganda “institucional” catracha.
De lo que se trata, en este caso, es de distraer la opinión pública ante el hecho de que el Poder Judicial en Honduras está en la mayor crisis institucional de su historia por su participación en la ruptura del orden constitucional del 28 de junio/09, que se inició mediante una orden judicial ilegal de captura contra el presidente de la República a ser realizada, también ilegalmente, por las Fuerzas Armadas.
Asimismo, porque para revestir de impunidad a los militares que conspiraron y cumplimentaron el allanamiento de la residencia presidencial, la captura y la expulsión del país del mandatario, el juez natural —en este caso el presidente de la Corte Suprema de Justicia— se pronunció por el sobreseimiento de los acusados, en un juicio de artificio montado para protegerlos con la amnistía decretada por el Congreso Nacional para los delitos políticos y delitos comunes conexos cometidos con el golpe de Estado.
Y, para colmo, porque la restitución de los cuatro jueces y el fiscal de derechos humanos destituidos ilegalmente por oponerse al golpe de Estado sería una acción contraproducente a la estrategia de evitar grietas en la muralla golpista, construida para acorralar al Ejecutivo y apuntalar el régimen político autoritario oligárquico que se siente amenazado por las corrientes democráticas que afloran en Honduras.
Tres situaciones, cada una de ellas suficiente para renunciar — resignándose a “vivir en el error” — antes que ceder “a las presiones políticas y económicas, nacionales e internacionales” que determinaron la supresión del Estado de Derecho, lo cual ha terminado por hundir a la nación hondureña y al país en un profundo foso de pobreza, de fractura institucional, de retroceso económico, de vergüenza a nivel mundial y sin expectativas de futuro.
